Con el objetivo de aliviar la situación de empresas y autónomos especialmente relacionados con la actividad turística, hostelera y comercial, permitir que estos negocios puedan mantener su viabilidad y no se vean abocados al cierre, ha sido aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, el ansiado plan de choque para hacer frente a la caída de la actividad en dichos sectores derivada de las restricciones provocadas por la Covid-19.
Sin duda, en poco se asemeja este plan a los aprobados por otros países europeos como Francia Alemania y Países Bajos que han destinado a las empresas hosteleras ayudas directas que ascienden a 6.000, 10.000 y 15.000 millones de euros respectivamente, o al caso de Luxemburgo que ha ofrecido por mes 20.000 € para microempresas, 100.000€ para pymes y 200.000€ para grandes empresas.
La propuesta de nuestro país no contempla transferencias directas a las empresas que desarrollan su actividad en los mencionados sectores, sino que se centra entre otras en una serie de medidas para aliviar sus costes, sobre todo en materia de alquiler; independientemente de que puedan desarrollar su negocio con normalidad, con restricciones o les obliguen a cerrar, exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y en el aplazamiento de las deudas tributarias.
Por cuanto respecta a las medidas dirigidas a los arrendamientos de locales de negocios ocupados por pymes o autónomos de los sectores citados, el plan contempla varias opciones según se trate de grandes o pequeños propietarios de inmuebles (con más o menos de 10 locales). Así en el caso de los grandes tenedores se contempla, siempre que no hubiera existido entre las partes un previo acuerdo de reducción de la renta o una moratoria en el pago de la misma, bien una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el periodo de vigencia del estado de alarma declarado el 25 de octubre y las mensualidades siguientes a su finalización, con un máximo de 4 mensualidades, o bien una moratoria en el pago de la renta durante el mismo periodo de tiempo que podrá extenderse a un máximo de 4 meses, pudiendo afrontarse el pago aplazado de dichas cantidades durante un periodo de 2 años a contar desde la finalización de la moratoria.
Para los pequeños arrendadores de locales cuyo arrendatario destine el inmueble al desarrollo de actividades económicas incluidas en el Grupo 6 de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones), que de forma voluntaria otorguen una rebaja en la renta, se contempla un incentivo fiscal en forma de deducción por gasto de la cuantía de la rebaja al objeto del cálculo del rendimiento del capital inmobiliario en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En el caso de las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social el plan diseñado contempla exoneraciones del 75% (para empresas de 50 o más trabajadores) y del 85% (para empresas de menos de 50 trabajadores) en el abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, respecto de aquellos trabajadores que afectados por un ERTE, reinicien su actividad a partir del 1 de diciembre de 2020 por los periodos y porcentajes de jornada trabajados, así como respecto de aquellos trabajadores que tengan suspendidas sus actividades en el mes de diciembre de 2020 o en el mes de enero de 2021, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.
En materia tributaria el plan contempla el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 1 de abril hasta el 30 de abril de 2021, ambos inclusive, hasta el importe permitido por las correspondientes normativas tributarias. Este aplazamiento será concedido por un periodo de 6 meses, y durante los 3 primeros meses no se devengarán intereses de demora.
A falta de las ansiadas ayudas directas, el éxito de este plan de choque estará supeditado al control de la pandemia con el inicio de la vacunación y a las previsiones de recuperación impulsadas por las transferencias recibidas de la Unión Europea.