Por Pilar Rivera, abogada.
Las graves consecuencias derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19 han provocado que numerosas empresas presenten grandes dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago y que muchas de ellas se encuentren en situación de insolvencia.
Sin duda, uno de los sectores más castigados por la pandemia ha sido el de la hostelería, pues las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno y por las diferentes comunidades autónomas para evitar la propagación del virus, en especial las consistentes en restricciones de movilidad, límite de horario y de reducción de aforo, han supuesto una pérdida muy significativa de ingresos y que el sector estima en pérdidas de más del 50% de las ventas.
Esta situación, unida a la falta o insuficiencia de concesión de ayudas públicas destinadas a paliar la grave situación económica de los establecimientos hoteleros, bares y restaurantes, ha provocado que muchas de estas empresas hayan solicitado su declaración en concurso de acreedores.
Muestra de ello es el significativo aumento que han experimentado los concursos de acreedores del sector de la hostelería en 2.020 respecto al año anterior, habiéndose incrementado en un 35,60% según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Concretamente, durante el año 2.020 han sido declaradas en concurso 438 empresas hosteleras respecto a las 323 declaradas en concurso de acreedores en el año anterior. Este incremento, aunque ya es significativo, no es reflejo de la verdadera crisis económica por la que atraviesa el sector pues muchas de las empresas se han acogido a la moratoria contemplada en el Real Decreto Ley 34/2020 de 17 de noviembre de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria.
Esta medida contempla que hasta el 14 de marzo de 2.021 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar declaración de concurso, así como que no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario, favoreciendo así la posible viabilidad de empresas y dándoles cierto margen de maniobra para su recuperación económica.
Una vez finalice esta moratoria se prevé una “avalancha” de procedimientos concursales. Así, según las estimaciones del Ministerio de Justicia los concursos de acreedores aumentarán un 619% en 2021, lo que supondrá un total de 50.000 concursos, en contraste con los 7.000 que se dieron en 2019, previéndose que el sector de la hostelería sea uno de los que mayor volumen represente.
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Imagen: Daniel Bowman