Concurso de acreedores para empresas
Una empresa debe pedir el concurso de acreedores cuando ya no puede pagar con regularidad sus deudas a medida que vencen. Su administrador tiene dos meses para solicitarlo desde que conoció o debió conocer esa situación. Si la insolvencia solo se prevé, la ley permite antes negociar con los acreedores un plan de reestructuración.
Actualizado el · Jorge Cobo García
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que ordena la situación de una empresa que no puede pagar sus deudas. Reúne a todos los acreedores, suspende por regla general las ejecuciones y decide si la empresa sigue, con un acuerdo de pagos, o se liquida para pagar en el orden que fija la ley. Lo regula el texto refundido de la Ley Concursal, reformado por la Ley 16/2022.
¿Cuándo está una empresa en insolvencia?
Cuando no puede cumplir con regularidad sus obligaciones a medida que vencen. Tener pérdidas o deudas no es, por sí solo, estar en insolvencia: lo que cuenta es la capacidad de pagar a tiempo. La ley distingue tres grados:
- Insolvencia actual: la empresa ya no puede pagar con regularidad.
- Insolvencia inminente: prevé que no podrá hacerlo en los tres meses siguientes.
- Probabilidad de insolvencia: es objetivamente previsible que, si no se reestructura, no podrá atender lo que vence en los próximos dos años.
¿Por qué entran las empresas en concurso?
Casi nunca por una sola causa, y casi nunca de golpe. El Anuario Concursal 2025 del Colegio de Registradores analizó las cuentas de 4.322 sociedades que iniciaron un procedimiento de insolvencia ese año:
- El 67 % tenía pérdidas en sus últimas cuentas, y en el 45 % los fondos propios ya eran negativos.
- La mitad debía el 96 % o más de lo que valía su activo.
- El 65,6 % eran empresas de servicios; el 20,7 %, de la construcción, y el 12,4 %, industriales.
- La sociedad típica tenía 10 años, un pasivo de unos 282.000 euros y, en la mitad de los casos, cinco trabajadores o más.
No son empresas recién nacidas ni grandes grupos: el perfil típico es el de una pyme asentada cuyas cuentas ya mostraban el deterioro. Estos son los casos que más vemos:
- Ventas que bajan mientras los costes fijos se mantienen: alquiler, plantilla y préstamos.
- Un cliente importante que paga tarde o deja de pagar, algo frecuente en la obra y en las subcontratas.
- Préstamos que se refinancian una y otra vez sin que el negocio genere caja para devolverlos.
- Aplazamientos con Hacienda o la Seguridad Social que se incumplen y terminan en embargos de cuentas.
- Subidas de costes, como materias primas o energía, que el precio de venta no puede absorber.
¿Qué plazo tiene el administrador para pedir el concurso?
Dos meses desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual. Se presume que la conocía, por ejemplo, cuando hay embargos que afectan de manera general a su patrimonio o la empresa lleva tres meses sin pagar impuestos, Seguridad Social o salarios. Pero no hace falta esperar a esos hechos: el plazo corre desde que el administrador supo, o debió saber, que la empresa ya no podía pagar con regularidad. Las microempresas tienen el mismo plazo para pedir su procedimiento especial.
Llegar tarde tiene consecuencias. Si no se pidió a tiempo, el concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, y si se abre la liquidación el juez puede condenar a los administradores a pagar con su patrimonio la parte de las deudas que quede sin cubrir, en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia.
Hay un segundo plazo que conviene vigilar. Si las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, la sociedad está en causa de disolución, salvo que proceda pedir el concurso. Los administradores tienen dos meses para convocar la junta que acuerde la disolución o las medidas que la eviten. Si la junta no llega a constituirse, o se celebra sin acordar la disolución ni eliminar la causa, tienen dos meses para pedirla al juez, contados desde la fecha prevista para la junta o desde el día en que se celebró. Quien no lo hace responde solidariamente de las deudas de la sociedad posteriores a la causa de disolución.
Esa responsabilidad se evita si, dentro de los dos primeros meses, se pide el concurso o se comunica al juzgado que se negocia con los acreedores. Si las negociaciones terminan sin un plan, el plazo se reanuda cuando la comunicación deja de producir efectos.
¿Se puede evitar el concurso?
Muchas veces sí, si se actúa a tiempo. Ante una probabilidad de insolvencia o una insolvencia inminente, y también con insolvencia actual mientras no se haya admitido la solicitud de concurso de un acreedor, la empresa puede comunicar al juzgado que negocia con sus acreedores.
Durante tres meses, los acreedores no pueden iniciar ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad, y las que estén en curso se suspenden. Hay excepciones importantes. El banco con hipoteca o prenda sí puede iniciar la ejecución, aunque se suspende si recae sobre un bien necesario. Hacienda y la Seguridad Social siguen con sus embargos: el juez solo puede frenar la venta de un bien necesario, y como mucho hasta que pasen los tres meses.
Los tres meses pueden prorrogarse otros tres si lo pide la empresa, con la conformidad de acreedores que representen más de la mitad del pasivo afectado (sin contar los créditos que en un concurso serían subordinados), o lo piden esos acreedores, y el juez lo concede. Si hay experto en la reestructuración, hace falta además su informe favorable. En las microempresas no hay prórroga.
Ese tiempo sirve para acordar un plan de reestructuración: quitas, aplazamientos, conversión de deuda en capital o la venta de activos o de una unidad productiva. Si se acaba sin plan y la empresa sigue en insolvencia actual, tiene que pedir el concurso dentro del mes siguiente. La microempresa, el procedimiento especial, en los cinco días hábiles siguientes.
¿Qué ocurre cuando se declara el concurso?
Desde ese momento, por regla general, no pueden iniciarse ejecuciones ni apremios sobre los bienes de la empresa, tampoco los de Hacienda, y los que estén en curso se suspenden. La excepción son los bienes que el juez declare no necesarios para la actividad: sobre ellos pueden seguir los embargos laborales y administrativos anteriores al concurso y la ejecución de hipotecas y prendas.
En el concurso ordinario, el juez nombra una administración concursal. Si el concurso lo pide la propia empresa, por regla general sus administradores siguen al frente, intervenidos por la administración concursal; si lo pide un acreedor, son sustituidos.
Después hay dos salidas: un convenio con los acreedores, que permite continuar, o la liquidación, que puede incluir la venta de la empresa en funcionamiento.
Las cifras muestran que, una vez dentro, lo habitual es liquidar. De los 1.301 concursos que superaron la primera fase en 2025, 1.226 (el 94,2 %) fueron directamente a liquidación, y ese año se aprobaron solo 43 convenios. En los 15 que el Colegio de Registradores pudo analizar, los acreedores ordinarios esperaban recuperar, de mediana, el 67,7 % de lo que se les debía, a valor actual y si el convenio se cumple.
¿Y si la empresa es una microempresa?
Le corresponde el procedimiento especial para microempresas si el año anterior empleó a una media de menos de diez trabajadores y, según sus últimas cuentas cerradas, tuvo un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000. Si forma parte de un grupo, se cuentan las cifras consolidadas.
Se tramita por vía electrónica con formularios oficiales y puede servir para continuar con un plan de pagos o para liquidar, con o sin venta del negocio en funcionamiento. Si al menos el 85 % de las deudas son con Hacienda, la Seguridad Social u otros acreedores públicos, solo cabe la liquidación. En 2025 se abrieron 1.427.
¿Y si la empresa no tiene bienes?
Si no es microempresa, se tramita como concurso sin masa: la empresa no tiene bienes embargables, o los que tiene valen menos de lo que costaría el procedimiento o están cargados por encima de su valor. Es un trámite mucho más breve, salvo que acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo pidan que se nombre un administrador concursal para investigar. La microempresa sin bienes sigue el procedimiento especial del apartado anterior. Lo explicamos en qué es el concurso sin masa y cómo se tramita.
¿Qué pasa con el administrador que avaló a la empresa?
El concurso de la sociedad no libera a quien la avaló: el banco puede seguir reclamándole. Si el administrador no puede pagar esa deuda, puede pedir para sí la Ley de Segunda Oportunidad. Lo habitual es estudiar a la vez la situación de la empresa y la de quien la dirige.

